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Bolivia

Preparado por CEADES
ENRON STRATTEGY MEETING
08 de Abril de 2002

Introducción

Los intereses de las corporaciones petroleras internacionales en Bolivia se inician a principios de la década de los años 1920, cuando personeros del gobierno boliviano negociaron y prepararon en secreto los contartos de concesion a la empresa norteamericana Richmond Levering que posteriormente en 1931 transfirió sus derechos a la Standard Oil Company de New Jersey (SOC), violando las clausulas del propio contrato apócrifo firmado con Bolivia. La presencia de la SOC en Bolivia fue aprobada por una nueva Resolución Suprema que permitiría las operaciones de la transnacional de Rockefeller hasta 1937. En la memoria histórica boliviana la SOC se relaciona con la Guerra del Chaco (1932 - 1935) en la que las corporaciones SOC y SHELL promovieron un conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay por el control de los campos de petróleo, que causó la muerte de más de 50.000 soldados bolivianos y la pérdida de una generación completa de hombres paraguayos. En 1935, en plena guerra se descubrió que la SOC había construido en secreto un oleoducto a través del cual exportó crudo hasta la Argentina y por su intermedio a Paraguay; así en 1937 culminó un largo proceso judicial que permitió al estado boliviano "confiscar todos los bienes, poseciones, equipo y material" de la empresa estadounidense; con ello también se terminó por consolidar la conciencia de soberanía nacional sobre los recursos naturales y se empoderó a la empresa estatal del petróleo (YPFB) para transformarla en el puntal de un proyecto de desarrollo nacional. Pero los capitalistas estadounidenses no dejaron de presionar; en 1952 impusieron el llamado Código Davenport como norma del sector petrolero logrando la readmisión de las transnacioanles, esta vez fueron las empresas Glenn McCarthy y la Gulf Oil Company las que obtuvieron concesiones para construir y operar el oleoducto de exportación a Chile, proyecto que las benefició hasta 1969 año de la "segunda nacionalización" del petróleo.

De manera recurrente, sesenta años después de la expulsión de la SOC, la empresa ENRON (Bolivia) C.V. (un desprendimiento de la propia SOC) esta vez asociada con la SHELL Overseas Holdings Limited se transformó en el "socio estratégico de Bolivia" para la capitalización de la Unidad Transportadora de YPFB "TRANSREDES", haciéndose propietaria de toda la red de gasoductos, oleoductos de exportación y de poliductos locales. La presencia de ENRON y SHELL en Bolivia desde 1994 está caracterizada por una conducta ética deplorable donde predominan los actos ilegales, la corrupción, el tráfico de influencias, la violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígemas y los desastres ambientales sin precedentes en la historia del país. A continuación presentamos una revisión de estos hechos que demuestran la necesidad urgente de detener el funcionamiento de estas empresas, de exigirles la reparación a los bolivianos por los perjuicios y daños que han provocado y de realizar una investigación seria orientada a la redifinición de las políticas nacionales e internacionales para impedir que estos hechos se repitan en ningún otro lugar de la Tierra.

Ilegalidad e ilegitimidad de la capitalización

La capitalización es un mecanismo económico financiero utilizado para fortalecer y expandir el patrimonio de las empresas a través de la inyección de nuevos recursos ya sean provenientes de ventas de activos, de nuevos créditos o de aportes financieros de nuevos socios; en general se trata de conseguir más dinero para ampliar las operaciones manteniendo la propiedad de la empresa. En Bolivia, la capitalización fue el mecanismo escogido por el BID y el Banco Mundial y las Agencias de Crédito a la Exportación (OPIC y KWF) para facilitar el proceso de privatización de las empresas estatales, política que era resistida por la mayoría de la población. Según sus promotores, la diferencia escencial entre privatización y capitalización era que en la capitalización los recursos frescos no implicaban la venta de la empresa al sector privado sino un contrato de riesgo compartido en una empresa mixta en que la mitad de la propiedad permanecía como patrimonio del Estado (de todos los ciudadanos¿?) y en que los aportes financieros de los nuevos socios no iban a las arcas del Estado para fines desconocidos sino que servirían para fortalecer la empresa mixta. Además la incorporación de los socios estratégicos asegurarían la transparencia y eficiencia en el desarrollo de las empresas capitalizadas.

Pero en los hechos todo el proceso de capitalización de YPFB y especialmente de TRANSREDES S.A.,fue ilegítimo por que fue lesivo para los intereses del país; fue secreto porque no hubo control social sobre los procedimientos; antidemocrático porque fue impuesto al país de manera inconsulta y a pesar del desacuerdo de las organizaciones de la sociedad civil boliviana; e ilegal porque se violó la constitución política del estado y otras leyes nacionales vigentes, no se respetaron ni las propias directrices de las multilateraterales y existen serios indícios de corrupción.

El primer paso cuestionado del proceso de capitalización es la firma del "Contrato de Asociación Accidental con Pacto de Accionistas" firmado entre ENRON y el Gobierno de Sanchez de Losada, el 09 de diciembre de 1994 con el objetivo que ENRON desarrollara y lograra el cierre financiero para la ejecución del gasoducto Bolivia - Brasil, sin embargo, hoy sabemos que con anterioridad la empresa estatal brasilera PETROBRAS ya había ofrecido construir el gasoducto principal en la modalidad de "llave en mano" por lo que la participación de ENRON no tenía sentido. Pero se insistió en el contrato bajo el pretexto que Bolivia necesitaba de una socia que le permitiera negociar en mejores condiciones con el Brasil¿? En efecto, hoy sabemos que ya existía un acta de entendimiento con ENRON firmada con anterioridad y que el propio contrato fue firmado en secreto en Maimi sometido a las leyes del estado de Nueva York; quedando fuera del conocimiento de las intituciones y del pueblo de Bolivia durante dos años cuando fue denunciado en medio del escándalo nacional.

Después de la quiebra de ENRON, una investigación realizada por un Comisión especial del Congreso Boliviano encontró las siguientes pruebas de irregularidades en el contrato:

· Violó la CPE y la Ley de Hidrocarburos de Bolivia que obligan a que todo contrato petrolero con YPFB se firme bajo las leyes bolivianas. El Decreto que aprueba la firma del contrato establecía que este debía realizarce en la ciudad de La Paz, pero fué realizado en Estados Unidos.
· Viola el artículo 118 de la CPE, al establecer que el arbitraje se realice en la Cámra de Comercio Internacional y no la Corte Suprema de Justicia de Bolivia.
· La figura legal del contrato no existe en el Código de Comercio de Bolivia.
· ENRON no estaba inscrita ni habilitada para funcionar en Bolivia y por lo tanto no podía ser seleccionada. Dos años después de la firma del contrato ENRON aún no tenía Personería Jurídica en Bolivia.
· La empresa Crown Agents, encargada de seleccionar emitió un informe recomendando la contratación de ENRON, una semana después de que se había firmado el Memorandum de Entendimiento entre YPFB y ENRON, tampoco informó sobre la calificación de las ofertas de otras empresas que supuestamente habrían participado en el proceso de selección.
· La resolución del Directorio de YPFB autorizando el contrato, fué emititda después que el contrato ya estaba firmado.
· Contradice el principio antimonopólico prohibido por la CPE, al entregar los ductos existentes y por construir solo a ENRON, limitando la participación de otros interesados.
· Con el 40% de la propiedad del Gasoducto Principal en el Contrato, más el 50% de la propiedad de la propiedad de YPFB concedida a través de la capitalización ENRON accedía al control del 70% del gasoducto, violando el propio principio de la Capitalización.
· ENRON recibió un crédito por 6 millones de dólares antes de la firma del contrato.
· Finalmente ENRON jamás consiguió el dinero para la construcción del Gasoducto, que fué realizado por Petrobras. Sin invetir un dólar, ENRON y SHELL son dueños del proyecto más importante de América Latina de integración energética.

Corrupción y tráfico de influencias

La Capitalización está dirigida por un poderoso grupo de interés conformado por los empresarios ligados a la Compañía Minera del Sur (COMSUR) cuyo principal accionista es Gonzalo Sánchez de Lozada ex presidente de Bolivia (1994-1997), el Banco Industril S.A. (BISA) y las empresas estadounidenses CITIBANK y ENRON, todas relacionadas entre sí. Los mismo accionistas son dueños de BISA y COMSUR y participaron del proceso de capitalización de la Empresa Nacional de Energía (ENDE) asociadas a ENRON, el CITIBANK ha sido socia de COMSUR desde 1970 y actualmente es propietaria de CITITRUST de Bahamas, actual depositaria de los recursos de la capitalización.

Miembros de estas empresas fueron nombrados como integrantes del Comité de Administración del Fudeicomiso del CITITRUST, es decir están encargados de tomar las decisiones de las inversiones sobre 1.671 millones de dólares provenientes de los recursos de la capitalización. Otros miembros, fueron nombrados como Superintendentes del sistema de regulación sectorial.

En cuanto a la participación de SHELL, se sabe que esta fué invitada a sugerencia del gobierno boliviano de entonces, para evitar las críticas que se hacían por el aumento del capital accionario de ENRON sobre el gasoducto; la representación de SHELL en Bolivia quedó a cargo del hermano del entonces Ministro de Capitalización Alfonso Revollo.

Violación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Durante la construcción de los gasoductos, propiedad de ENRON y SHELL, se afectó a cientos de comunidades indígenas y campesinas. Sistemáticamente se han violado los derecho a la consulta oportuna e informada, a recibir una compensación justa por el usufructo de tierras y daños sociales y ambientales, el derecho a la participación directa en la administración de los recursos naturales, se ha violado y restringido el acceso de las comunidades indígenas a los recursos en sus territorios ancestrales. Y en ninguno de los proyectos se incorporado el derecho a participar en los beneficios a largo plazo.

Por el contrario la capitalización ha sido empobrecedora, los datos disponibles indican que las utilidades de las empresas petroleras capitalizadas han sido en promedio anual (1996-2000) de solo USD 33.75 millones, mientras que YPFB estatal tenía un promedio anual (1986 - 1996) de USD 226 millones. En los últimos 20 años los recursos provenientes de YPFB sostenían la educación, la salud pública y otras obras de inversión, la importancia relativa de la participación de YPFB en el TGN varía entre el 47% y 52%; en cambio, el promedio anual que aportan las empresas petroleras al TGN es sólamente USD 36,6 millones e incluso en la última gestión han declarado déficit, limitando seriamente las políticas sociales del estado.

En relación a las bajas recaudaciones que tiene el TGN existen tres aspectos controversiales; por una parte la rebaja general de los impuestos a las empresas petroleras del 32% al 18%, en segundo lugar se aplicó el criterio de la recategorización de los campos petroleros, dividiendolos entre yacimientos nuevos y yacimientos existentes, con una tributación diferenciada 18% para los nuevos y 50% para los existentes. Lo insólito es que los yacimientos gasíferos más importantes como el de San Antonio y San Alberto son categorizados como nuevos a pesar de que habían sido descubiertos por YPFB varios años antes. Y en tercer lugar, existen serios indicios de que las petroleras están declarando sus impuestos por menos de los realmente exportan, hecho que se relaciona con la debilidad del órgano regulatorio estatal para fiscalizar las operaciones, que como ya se señaló es blanco de críticas por tráfico de influencias.

Finalmente, es precizo señalar que la actual política de las corporaciones y apoyada por los gobiernos neoliberales interesados es de exportar el máximo de gas y petróleo boliviano en el menor tiempo posible; para esto están promoviendo la construcción de nuevos gasoductos y la ampliación de los existentes. Si se duplican los volúmenes exportados la duración de las reservas se acortará, considerando las tendencias del aporte de las empresas capitalizadas al TGN, la posibilidad de que los beneficios del negocio sean invertidos socialmente y se logre revertir en algo la enorme pobreza del pueblo boliviano son muy poco probables. La capitalización en las condiciones actuales no es una política de desarrollo sustentable para la sociedad boliviana.

Desastres Ambientales

En lo que va la gestión de ENRON y SHELL, han ocurrido a lo menos tres grandes desastres ambientales como efecto de la construcción de los gasoductos y la mala mantención de los oloeductos. En el proyecto del Gasoducto Lateral Cuiabá no solo se han violado sistemáticamente los derechos de las comunidades indígenas afectadas provocando serios conflictos que derivaron en movilizaciones, tomas de campamentos y paro cívico, sino que provocó la destrucción del Bosque Seco Chiquitano, un ecosistema rico en biodiversidad considerado único en el mundo. La construcción de caminos laterales y del mismo derecho de vía atravesando el bosque lo ha condenado a su desaparición, actualmente ya ha comenzado la invasión de numerosos "empresarios ilícitos" que comienzan a depredarlo. Al mismo tiempo ENRON y SHELL se han negado a incorporar la participación directa de las comunidades indígenas en la administración del Plan de conservación marginando al principal actor local que había garantizado la sustentabilidad del bosque por cientos de años antes de la llegada de las corporaciones. Las organizaciones indígenas han iniciado una serie de acciones legales logrando que el estado declare ilegal la Fundación de Conservación creada por las multinacionales y existen serios indícios de corrupción toda vez que el principal operador de ENRON y SHELL en este caso también es pariente del ex Ministro de la Presidencia del gobierno capitalizador de Sanchez de Lozada.

La deficiente mantención de la red de oleoductos por la política de baja inversión de las corporaciones ha provocado un historial de conflictos socioambientales con las comunidades afectadas. Entre febrero de 1997 y diciembre del 2001 se han presentado por lo menos 12 demandas o denuncias incluyendo fugas de gas y derrames contaminantes, siendo el más grave la ruptura del oleoducto Sica Sica - Arica donde el derrame de 29.000 barriles de petróleo reconstituido contaminó más de 270 Kms. del río Desaguadero y el lago Poopó afectando a 120 comunidades y dañando seriamente el agua de consumo humano y animal y el agua de riego; los suelos agrícolas; las praderas naturales y pasturas; la fauna acuática fundamental para la seguridad alimentaria local. La empresa ocultó y tergiversó información obstaculizando la realización de la auditoría ambiental y posteriormente se negó a pagar las respectivas indemnizaciones según el dictamen de la autoridad ambiental; durante el desastre el departamento de relaciones comunitarias de TRANSREDES subsidiaria de ENRON y SHELL promovió la división y desestructuración de las organizaciones comunitarias.

En julio de ese mismo año reventó el Oleoducto Cerrillos - Chorety en el departamento de Santa Cruz, donde el derrame de crudo en el Río Parapetí afectó a centenares de familias indígenas guaraníes que viven en estrecha dependencia del río, afectando su única fuente de agua, sus animales y sus cultivos. No se realizó la auditoría ambiental correspondiente y la empresa optó por repartir agua potable en barriles en cuotas de 30 litros por familia cada dos días imponiendo una política asistencialista sin ninguna consideración por la dignidad y la sustentabilidad de las comunidades indígenas.

En conclusión todos estos hechos demuestran que las corporaciones ENRON y SHELL en Bolivia, con el apoyo de los agentes de los gobiernos neoliberales han instaurado una política de explotación del gas y el petróleo ideada sobre el principio de la exfoliación de los recursos naturales a costa de un presente empobrecedor y un futuro insustentable para el pueblo bolivaino.

VSIE, ceadescz@roble.scz.entelnet.bo