Information in: Español - Français - Deutsch - Português - Russian - Japanese - Svenska - Italiano - Suomi

Bolivia

Señora
Katherine Mckalip Thompson
Gerente de Responsabilidad Social Corporativa- ENRON
U.S.A.

Santa Cruz 29 de octubre de 2001

De nuestra consideración:

La Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), organización indígena que aglutina a todos los pueblos étnicos de Santa Cruz (Chiquitanos, Ayoreos, Guaraníes, Guarayos), ha tenido conocimiento de su presencia en Bolivia y de la opinión de ENRON sobre las relaciones que tienen con los pueblos indígenas, a través de una publicación de un medio periodístico local.

Respetando su opinión personal, que refleja su buena voluntad, consideramos que objetivamente las actuales relaciones entre ENRON, SHELL, sus subsidiarias en Bolivia (Gas Oriente Boliviano) y los pueblos indígenas no son adecuadas, por cuanto el proyecto del gasoducto Bolivia - Brasil lateral Cuiaba, actualmente se desarrolla en el marco de un serio conflicto que involucra aspectos legales, éticos y socio-ambientales referidos principalmente al incumplimiento del Plan de Desarrollo Indígena (PDI) y de la incorrecta implementación del Plan de Conservación del Bosque Chiquitano (PCBC).

En el caso del PDI, después de dos años de ejecución no se han alcanzado los objetivos y resultados propuestos. No se ha cumplido con la Titulación de Tierras comunitarias y la apertura de caminos hace a las comunidades vulnerables al avasallamiento cuando no existe seguridad jurídica en la tenencia de sus tierras. Todavía no ha comenzado el Programa de Apoyo a la Artesanía: El programa de Apoyo a la Producción Agropecuaria no alcanzó los resultados esperados y por el contrario han comenzado a surgir nuevos impactos ambientales en el suelo, el agua y el bosque; en lo social han empezado a surgir diferencias de ingreso entre grupos de las comunidades, profundizando las desigualdades.

Todo esto nos indica que el enfoque de corto plazo del PDI, limita cualquier posibilidad de un desarrollo sostenible de las comunidades afectadas por el gasoducto, por el contrario se hace urgente la necesidad de fortalecer el PDI dotándolo de un componente de gestión ambiental que se responsabilice por los impactos de mediano y largo plazo. Nos extraña la posición asumida por GOB de abandonar el PDI en circunstancias que es previsible la agudización de los problemas socio ambientales con la consecuente profundización de la pobreza.

Acudimos a usted, para que propicie una revisión objetiva de la posición de su empresa frente al desarrollo sostenible de las 36 comunidades del PDI, afectadas por el Gasoducto, de manera de encontrar consenso a fin de evitar los impactos ambientales y la profundización de conflictos.

Con relación al PCBC nuestras comunidades y organizaciones han manifestado su desacuerdo con la supuesta Fundación de Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), ya que existen demasiados antecedentes sobre su ilegitimidad. Nos parece que ENRON y SHELL cometen un serio error al persistir en respaldar una instancia que no tiene permiso legal para operar en Bolivia y que no tiene la confianza de los habitantes del bosque y sus instituciones.

Anteriormente, en numerosas cartas dirigidas al Sr. Laine Powell advertimos que estas debilidades y la ilegitimidad de la FCBC impedirán alcanzar el objetivo superior de "conservar el Bosque Seco Chiquitano". Esperamos que Ud. pueda reorientar este proceso hacia una mayor responsabilidad de su empresa con una efectiva preservación del bosque y al respeto de nuestros derechos como pueblos indígenas habitantes del bosque.

Para su mejor información a continuación le señalamos los principales cuestionamientos que existen en Bolivia sobre esta supuesta Fundación:

a) Wild World Foundation (WWF) ha denunciado la absoluta falta de trasparencia y accountability de la FCBC, por cuanto no rinden cuenta ni al Estado ni a la Sociedad Civil. En junio del 2001 WWF-UK realizó una evaluación independiente sobre el impacto del gasoducto detectando serias deficiencias para la posible implementación del Plan de Conservación (PCBC), concluyendo que la FCBC ha aumentado los conflictos socioambietales constituyéndose en un riesgo para la sostenibilidad del Bosque y las poblaciones indígenas. El informe fue presentado a SHELL en UK (Ref. Robert Napier, Clive Wicks WWF-UK; Roger Landívar - Director de WWF Bolivia).

b) La Organización Indígena Chiquitana (OICH) y la Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC) han respaldado la decisión de las comunidades indígenas chiquitanas y ayoreas que declararon la expulsión de la FCBC de los territorios indígenas y comunidades. Las organizaciones han denunciado ante el gobierno de Bolivia la violación de los derechos indígenas por la FCBC, ENRON y SHELL, tal como están establecidos en la Ley 1257 y Convenio 169 de la OIT, ya que limitan la participación directa de los indígenas en el PCBC (Ref. Resolución CPESC 13-XII-2000 y otras). Por esta misma razón la Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB) rompió su convenio con la supuesta FCBC. (Ref. Resolución CIDOB 22 - III - 2001).

c) Los miembros WCS y MBG tienen denuncias de actividades ilícitas relacionadas al tráfico de recursos genéticos en Bolivia y en otros países (Ref. Periódicos: La Prensa, Los Tiempos y La Nación, 2000). Así mismo, los supuestos aportes financieros de FAN y del MUSEO son dudosos y en la práctica se ha comprobado que existen conflictos de intereses ya que ambas ONG's están lucrando como "consultoras" del FCBC, o sea contratándose a sí mismos. ¿A quien beneficia el FCBC? (Ref.- Cite: DEJ 007/007/01, FAN 5-01-2001).

d) La Prefectura del departamento de Santa Cruz ha negado la otorgación de Personería Jurídica a la FCBC, lo que la inhabilita para realizar convenios, manejo de fondos y actividades de cualquier naturaleza en Bolivia. Su accionar ilegal puede ser objeto de proceso legal. (Ref. Resolución 0010/2000 del Consejo Departamental de Santa Cruz; Informe Oficial 07/2000 del Dr. Rafael Soto Director Departamental de Recursos Naturales y medio Ambiente de Prefectura del Departamento de Santa Cruz).

e) La Viceministra de Desarrollo Sostenible Sra. Neysa Roca emitió un serio llamado de atención a los miembros del FCBC, rechazando su funcionamiento por cuanto "suplanta el rol y las funciones del Estado, violando las leyes nacionales". Su accionar ilegal puede ser objeto de proceso legal. (Ref. Cite MDSP-VMARNDF 1082/00).

f) La Defensora del Pueblo, Sra. Ana María Romero de Campero, después de verificar las irregularidades, la violación de derechos de las comunidades indígenas y ante la negligencia del Gobierno en hacer cumplir sus propias determinaciones, procedió a la Admisión de Queja presentada por las organizaciones indígenas y solicita oficialmente al Gobierno de Bolivia reorientar el PCBC en el marco del respeto a Ley y los Derechos de los Pueblos Indígenas tal como establece el tratado internacional sobre derechos del cual Estado boliviano es parte. (Ref.CITE:D.P.312/2001)

g) Ante las serias sospechas de corrupción y malversación de los recursos financieros, la Contraloría de la República ha iniciado una investigación sobre la legalidad de los convenios suscritos por esta supuesta fundación (FCBC). (Ref. Sonia Ortiz - Contralora Departamental Santa Cruz).

h) Los Comités Cívicos Chiquitanos junto con parlamentarios de Santa Cruz y organizaciones indígenas han presentado una querella legal en la fiscalía del Distrito, en contra de Gas Oriente Boliviano (subsidiaria de ENRON y SHELL en el Gasoducto) por incumplimiento del Estudio de Evaluación de Impactos Ambientales (EEIA), incluyendo las irregularidades en la implementación del PCBC como medida de mitigación de los impactos de largo plazo. (Ref. Querella presentada a la Fiscalia de Santa Cruz en el mes de septiembre del 2001)

i) Existen más de 20 resoluciones de asambleas comunitarias denunciando a ENRON y SHELL los atropellos cometidos por los señores M. Painter y Hermes Justiniano que a nombre de las empresas ENRON y SHELL y del FCBC están atentando contra la unidad organizativa de las comunidades indígenas y campesinas, promoviendo la división y la confrontación de las organizaciones a nivel local, departamental y nacional, a través de convenios ilegítimos que desconocen las decisiones de las comunidades directamente afectadas. Al operar en nuestras tierras sin nuestro acuerdo la FCBC viola el Art. 9 del D.S. 26140 de 2001. Su accionar ilegal puede ser objeto de proceso legal. (Ref. Dossier del Conflicto del PCBC, Archivo CPESC 2000 - 2001).

Las comunidades indígenas y sus organizaciones están comprometidas con la conservación del Bosque Seco Chiquitano, tal como lo hemos hecho tradicionalmente hasta el momento en que llegaron ENRON y SHELL. En tal sentido nuestra política es la de conversar con Ustedes sobre la base de propuestas éticas y legales que respeten el derecho de ambas partes.

Nos extraña que en su visita a nuestro país, su persona no se haya reunido con nosotros para discutir estos importantes temas, toda vez que el Gobierno está comprometido en concertar una instancia de dialogo, el mismo es de conocimiento de GOB. Pensamos que estamos a tiempo de buscar soluciones creativas para la sostenibilidad del bosque y sus habitantes, para ello es importante que ENRON y SHELL muestren voluntad de diálogo y un compromiso real con la conservación del ambiente y el respeto a los derechos humanos de nuestras comunidades.

En este sentido le solicitamos una reunión urgente para reorientar el PDI y el PCBC. Esperamos que usted asigne la prioridad correspondiente a este caso y fije el lugar y la fecha lo antes posible.

Sin otro particular y a la espera de su respuesta, le saludan