Information in: Español - Français - Deutsch - Português - Russian - Japanese - Svenska - Italiano - Suomi

Bolivia

Artículo del Washington Post,
Lunes 6 de Mayo de 2002
Por James V. Grimaldi

De las muchas maniobras políticas de la Corporación Enron en Washington antes de declararse en quiebra, el haber ganado la promesa de un financiamiento federal para un gasoducto de 390 millas de Bolivia a Brasil a través del Bosque Tropical Seco Chiquitano podría acarrear las consecuencias más duraderas.

Luego de obtener el financiamiento Norteamericano de US$200 millones Enron construyó un gasoducto para gas natural directamente a través de la extensión de bosque tropical seco sub-desarrollado restante más grande de Sudamérica, una región rica en vida silvestre y vegetación en peligro de extinción.

El gasoducto, que fue finalizado el año pasado, y sus pistas de servicio han abierto al bosque al tipo de daño que los grupos ambientales predijeron: leñadores furtivos viajan por los caminos de servicio para talar árboles de gran edad, cazadores acechan animales silvestres y ganado pastea en forma ilegal. Han reabierto una mina de oro abandonada y sus trabajadores acampan a lo largo del derecho de vía del gasoducto.

Sin embargo, lo más sorprendente para muchos empleados federales que revisaron el proyecto fue la forma en que Enron convenció a una agencia Norteamericana, la Corporación de Inversiones Privadas en el extranjero (Overseas Private Investment Corp - OPIC), para que apoyen el gasoducto cuando la agencia tenía como su responsabilidad la protección de bosques sensitivos como el Chiquitano.

"No se debió haber hecho", dijo Mike Colby, un ex Consejero Ambiental de alto nivel del Departamento de Tesoro y ahora Consultor Corporativo. "El bosque ya había sido declarado por el Banco Mundial … uno de los dos bosques más valiosos en Latinoamérica. Y OPIC eligió ignorar este hecho. Fue enorme el deseo de llegar a estas conclusiones descabelladas porque querían financiar el proyecto a todo costo."

La historia del Proyecto de Energía Integrado Cuiaba ofrece un estudio de caso práctico de una relación simbiótica. Mientras que Enron buscaba millones en préstamos y seguro de OPIC, la compañía hacía lobby en el congreso para salvar a OPIC de la extinción.

Enron necesitaba el apoyo de OPIC para Cuiaba porque ningún banco comercial lo financiaría. Alemania ofreció US$165 millones en préstamos pero el apoyo estaba condicionado a la promesa de financiamiento de OPIC.

"Teníamos que tener el voto a favor del directorio de OPIC antes de iniciar la construcción," dijo recientemente el Vicepresidente de Enron, John Hardy Jr.

Enron también incluyó a Cuiaba en una transacción para inflar los ingresos de la compañía y ocultar deudas y pérdidas y enriquecer a varios altos ejecutivos de Enron. Los contadores de Enron registraron del proyecto una utilidad de US$65 millones antes de que el gasoducto haya transportado gas. Pero las cifras reales, recién ahora conocidas, demuestran que Cuiaba se finalizó tres años más tarde de lo previsto y con un incremento mayor al 50 por ciento sobre el presupuesto, inflándose el gasto de $475 millones a US$750 millones.

Luego de triunfar en una de las batallas financieras más polémicas de OPIC, Enron ultimadamente perdió el préstamo luego de no haber cumplido con fechas límites claves para el financiamiento.

OPIC está revisando su manejo de Cuiaba y ha solicitado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos examinar todos sus negocios con Enron para detectar la posibilidad de fraude. En forma separada, el nuevo presidente de OPIC, Peter Watson, quiere reorganizar la forma en que la agencia decide cuáles bosques están protegidos bajo sus reglas, dijo el portavoz Larry Spinelli.

Plan Audaz, Area Sensitiva

La historia empieza en el Bosque Chiquitano, un bosque de 15 millones de acres y una de las 200 eco regiones de mayor peligro de extinción de acuerdo al Fondo Mundial de Vida Silvestre (World Wildlife Fund-WWF). Es el hábitat del venado de pantano, de la guacamaya Jacinta, del lobo melenudo, del jaguar y del ocelote; todas ellas especies en peligro de extinción.

El gasoducto de 1900 millas construido por Enron, Royal Dutch/Shell Group y otros socios Bolivianos bordea la frontera sur de Chiquitano uniendo yacimientos de gas en Santa Cruz, Bolivia, con un centro de distribución en Porto Alegre, Brasil.

Enron y Shell querían construir un ducto secundario del gasoducto para bombear gas natural boliviano a la planta de energía alimentado a gas de 480 mega vatios de Enron en Cuiaba, Brasil, para ayudar a suministrar la creciente demanda de energía de ese país.

La idea fue audaz y polémica: los planes de Enron dividirían a Chiquitano en dos, una perspectiva que indignó a los ambientalistas. Los planes de Enron también dejaron pasmados a los funcionarios del gobierno norteamericano.

George Taylor, jefe del equipo ambiental en Bolivia de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Agency for International Development-AID) Norteamericana, le preguntó a Hardy (Enron) por qué la compañía planeaba pasar a través del bosque en lugar de tender un ducto más largo alrededor de las áreas sensitivas.

El dice que Hardy le comentó que Enron quería hacer este proyecto lo más rápido posible y mantener sus costos competitivos "por lo que los ingenieros sacaron sus reglas y trazaron dos posibles rutas que eran líneas rectas." Hardy recientemente comentó que Enron seleccionó la ruta más directa.

A finales de 1998 incrementó la oposición ambiental. El WWF, los Amigos de la Tierra (Friends of the Earth) y Amazon Watch recomendaron que Enron variase su plan para evadir el bosque.

Enron se negó. La compañía argumentó que desviar el ducto incrementaría su longitud en un 70 por ciento y costaría más de US$100 millones. Recalcó que el plan cumplía con las políticas estrictas de OPIC sobre el desarrollo en bosques protegidos.

En Enero de 1999, para resolver el conflicto, el director ambiental de hace muchos años de OPIC, Harvey Himber, envió a dos especialistas a examinar el área.

Los inspectores de OPIC Nancy Dean y Angela Miller volaron sobre la ruta del gasoducto y se sorprendieron al ver muy poco desarrollo y la densa cubierta frondosa de árboles. Luego, cuando Dean se reunió con Taylor, "ella tomó aire y dijo, de ninguna manera ellos (OPIC) podrían financiar esto," dijo Taylor.

Pero cuando el equipo regresó, Himberg adoptó un enfoque original. El decidió que OPIC juzgaría el impacto ambiental del proyecto no sobre el bosque íntegro sino sobre un área más limitada - las tierras inmediatamente contiguas al derecho de vía del gasoducto.

Basado en esto, Himberg determinó que el proyecto no sería prohibido bajo las restricciones para bosques de OPIC.

Poco tiempo después, tanto Dean como Miller abandonaron OPIC y sus colegas dicen que ellos estaban muy incómodos por la forma en que OPIC había manejado este asunto. Cuando fueron contactados por el Washington Post ambos se negaron a comentar detalladamente diciendo que simplemente habían cambiado su trabajo por uno mejor.

Dicen las fuentes que durante el proceso, Hardy (Enron) disfrutó de un acceso extraordinario a Himberg. De acuerdo a un ex empleado de OPIC, Hardy visitó OPIC tan frecuentemente que sus trabajadores bromeaban que se había mudado a la oficina de Himberg, ubicada en un piso seguro en las oficinas de la Avenida Nueva York NW, en Washington.

Hardy no se disculpó: "Era un proyecto importante y estos eran temas críticos." Himberg dijo que se encontraba con Hardy periódicamente pero, "no tuve mucho tiempo para estar con John Hardy."

Empleados antiguos de OPIC también creyeron que George Muñoz, el presidente y director general, se interesó en forma inusual en Cuiaba y ejerció mucha presión sobre Himberg.

"Nunca vi nada durante el tiempo que estuve con Muñoz que se haya asemejado a la determinación que tenía con Cuiaba, ° dijo un ex funcionario de alto nivel que pidió permanecer anónimo. "Su compromiso y su determinación para lograr que Cuiaba sea un hecho resalta, es muy chocante."

Muñoz dijo que no hizo nada malo y que había adoptado el papel de tratar de atenuar cualquier daño al bosque.

Muñoz dijo que simplemente siguió el ejemplo de Himberg. "Nunca, nunca, nunca hubiera pasado por encima de Harvey Himberg," dijo Muñoz. "Enron no tuvo ninguna influencia especial sobre OPIC."

Cuando se le preguntó si se sintió presionado por Muñoz, Himber dijo, "Realmente no puedo comentar sobre ese tema."

Algunos que trabajaban en OPIC vieron a Muñoz como una persona ambiciosa, nombrada políticamente, que trataba de dejar su huella. Muñoz, un demócrata destacado de Chicago, había conocido al entonces gobernador de Arkansas, Bill Clinton, mientras ocupaba un cargo en el directorio de las escuelas de la ciudad. Administrador de empresas graduado de la Universidad de Texas, Muñoz empezó a cultivar a Enron, basado en Houston, ni bien llegó a OPIC en 1997.

Dos meses después de tomar la jefatura, Muñoz invitó al entonces director general de Enron, Kenneth l. Lay, para hablar en un retiro de empleados de OPIC sobre "el tipo de apoyo de inversión que necesitarán de agencias internacionales como OPIC," de acuerdo a la carta de invitación.

En la era de Muñoz, Enron cada vez más recurría a OPIC para financiar proyectos riesgosos en países en vías de desarrollo. Con US$3,000 millones en promesas de préstamos de OPIC, Enron era el cliente más grande de la agencia en los 90s.

Al mismo tiempo, Enron batalló contra una coalición del congreso que buscaba cortar la "asistencia social corporativa" al eliminar a OPIC durante sus votos de reautorización en 1997 y 1999.

En 1999, Hardy, el lobbista de Enron para Cuiaba, lideró grupos industriales trabajando en el congreso para salvar a OPIC. Lay escribió a cada miembro del congreso en Abril buscando conseguir votos para la reautorización de OPIC. Dicho esfuerzo rindió sus frutos y para celebrar, los ejecutivos de Enron se unieron a grupos comerciales para agasajar a los empleados de OPIC en una exclusiva fiesta vacacional.

A medida que la dependencia de Enron en agencias federales crecía durante la administración de Clinton, la compañía incrementaba sus donaciones de dinero blando para los demócratas. Desde 1998 hasta el 2000, mientras Enron solicitaba préstamos de OPIC, la compañía incrementó dichas donaciones hasta un múltiplo de cinco, llegando a sumar US$533,000.

Definición matizada

Cuando el directorio de 15 miembros de OPIC votó sobre el tema de Cuiaba, no hubo un claro consenso.

Siete miembros vinieron de agencias gubernamentales y tres importantes --
Subsecretario del Tesoro Timothy Geithner, Subsecretario de Estado Eizenstat y el Administrador de U.S.AID J. Brian Atwood --estaban muy escépticos. Un simple voto en contra de cualquiera de ellos hubiera podido inclinar la balanza.

Los tres miembros, y particularmente sus consejeros ambientales, creyeron que el proyecto violaba las políticas ambientales de OPIC.

La política había sido definida luego que en 1997 el presidente Bill Clinton en la Asamblea General de las Naciones Unidas "Earth Summit" prohibiera a las agencias crediticias de los Estados Unidos, incluyendo OPIC, apoyar "proyectos de infraestructura ubicados en bosques tropicales primarios y otras áreas de ecología frágil."

Dos años después de este decreto ejecutivo del presidente Clinton, OPIC promulgó su definición de un "bosque primario" como un "bosque relativamente intacto que no ha sido esencialmente modificado por actividad humana por los últimos 60 u 80 años." Se caracterizaba por una abundancia de árboles maduros y niveles limitados "artesanales," o de subsistencia para la caza, la pesca, la tala y la agricultura migratoria.

Los matices de la definición de OPIC exacerbaron la batalla de Cuiaba.

Enron presentó evidencia de actividad humana que según ellos excedía el nivel "artesanal." Los grupos ambientales respondieron que Enron estaba exagerando.
Los grupos también albergaban sospechas que Enron había ayudado a escribir esta definición, cuyo borrador se escribió en 1998, para eximir a Chiquitano de la política de protección de bosques de OPIC. Hardy (Enron) fue uno de los que hizo lobby en OPIC sobre sus políticas ambientales. Hardy e Himberg niegan que Enron tuvo participación alguna en la definición de sus políticas.

En los últimos tres años Himberg y OPIC han atribuido repetidas veces la definición de bosques de la agencia a un lenguaje similar utilizado por el Banco Mundial. Pero cuando The Post recalcó diferencias significativas en ambas, Himberg cambió su declaración. El dijo que OPIC había adoptado en 1999 una definición del Consejo de Administración Forestal, un grupo forestal sostenible.

Hank Cauley, el director del Consejo de los Estados Unidos dijo que el grupo dejó de utilizar esa definición en Enero de 1999 por ser demasiado antigua. "Se tiene que pensar en conservar el bosque íntegro," dijo Cauley. "Ellos han interpretado esto en forma muy limitada."

El entonces consejero en jefe de biodiversidad del Banco Mundial también encontró fallas en la definición de OPIC. Thomas E. Lovejoy, ahora el presidente del Centro Heinz de Ciencia, Economía y Ambiente, comentó que le dijo a OPIC que su definición era tan limitada que ningún bosque en el mundo quedaría bajo su protección. El comentó que le dijo a OPIC que el Banco Mundial no hubiera financiado Cuiaba.

Los miembros del directorio de OPIC contactaron a The Post y les dijeron que no tenían conocimiento de los puntos de vista de Lovejoy. En cambio dijeron que Himberg simplemente les había dicho que la definición de OPIC estaba acorde con el del Banco Mundial.

Un trato para los Ecologistas

Los miembros del directorio de OPIC estaban tan preocupados por Cuiaba que el voto fue pospuesto en Marzo de 1999 y nuevamente en una reunión que se llevó a cabo el 2 de junio de 1999.

Muñoz tomó la inusual decisión de convocar a una nueva reunión de directorio el 15 de junio para votar del tema de Cuiaba. Descontentos con las demoras, Enron presionaba por una decisión.

Mientras tanto, Muñoz había estado presionando a Enron para que se reconcilien con los grupos ambientales. La compañía inició negociaciones con cinco grupos, incluyendo el WWF, pero los grupos estaban determinantemente opuestos a la construcción. Querían cambiar la ruta del gasoducto. Como reserva, ellos insistieron que la compañía separase US$50 millones para reembolsar a grupos indígenas y proteger el resto del bosque.

Dos días antes del voto de OPIC del 15 de junio, Enron acordó invertir US$10 millones en un fondo de conservación de cinco años y conseguir US$10 millones adicionales. Los ambientalistas aceptaron el trato.

La importancia de este acuerdo quedó probada cuando el directorio de OPIC inició sus deliberaciones. Enron promovió este acuerdo como una señal que los grupos ambientales habían sido aplacados.

Pero ahora el WWF dice que a pesar del acuerdo ellos nunca han abandonado su fuerte oposición al proyecto. Ellos dicen que simplemente fueron utilizados y engañados y que Enron distorsionó su posición.

"Fue maquiavélico," dice Patricia Caffrey, la principal negociadora del WWF y a quien funcionarios de Enron llaman "la mujer dragón."

"Teníamos claro que nunca habíamos aprobado el gasoducto," dijo el ex vicepresidente de WWF Twig Johnson, hoy en día director de proyecto en las Academias Nacionales de Ciencias. Nuestra posición fue tergiversada en sus esfuerzos de lobby."

En la reunión del 15 de junio, Himberg de OPIC, presentó su argumento que Chiquitano no era un bosque primario. Los especialistas ambientales de U.S. AID y del Departamento de Tesoro quedaron horrorizados.

"Fue realmente extraordinario. Tim Geithner me paraba llamando para que me sentara detrás de él para explicarle," dijo Colby. "Yo recuerdo decirle, ´Tim, está mintiendo. Tim, está mintiendo.´"

Pero convenció a otros.

"Harvey Himberg recomendó su aprobación," dijo Muñoz. "Recomendó esto después de asegurarse que se iban a tomar pasos adicionales para hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para que este proyecto sea ambientalmente tan sólido como fuera posible."

El Sub secretario de Estado Eizenstat lo recuerda como el punto medio de una negociación. Atwood dijo creer que Enron estaba lista para conseguir financiamiento privado que no hubiera ofrecido ningún tipo de protección ambiental. Dijo que con el involucramiento de OPIC los grupos ambientales ganaron un fondo de conservación además de otras concesiones.

El proyecto fue aprobado unánimemente pero con algunas condiciones. Enron tenía que limitar el acceso al bosque, monitorear el ambiente, alterar ligeramente la ruta del gasoducto, aunque aún dividiría el bosque en dos, y crear el fondo de conservación de US$20 millones.

"Ellos (grupos ambientales) no estaban felices," dijo Muñoz. "Pero fue un acuerdo al que se llegó y era uno bueno que adicionalmente tenía medidas de protección. Además teníamos un palo grande."

Los EE.UU. investigan el Trato

Inmediatamente después del voto de OPIC, Cuiaba se enredó en un programa de financiamiento bizantino que ahora está siendo investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En Setiembre de 1999, Enron vendió 13% de su participación en el gasoducto por US$11.3 millones a LJM1, una sociedad controlada por el entonces director general de Enron Andrew S. Fastow. Enron luego declaró una utilidad de US$65 millones por un contrato de abastecimiento de gas a 20 años con su propia planta de energía.

Enron argumentó que la venta del 13% de su participación en el proyecto lo liberaba del control mayoritario y de la obligación de incluir las deudas de Cuiaba en sus estados financieros. También le permitió a los contadores de Enron incluir ingresos proyectados del contrato de abastecimiento de gas como utilidades en los últimos dos informes de ingresos del año.

Durante su apogeo los informes de ingresos trimestrales alimentaron el crecimiento de las acciones de Enron. Los ingresos de Cuiaba eran un pedazo significativo, casi 15% de los últimos informes de ingreso de Enron en 1999.

"Si no se aparecían con este tipo de tretas cada trimestre, hubieran perdido sus ingresos escalonados," dijo el analista Robert McCullough.

Pero detrás de tan atractivas cifras, el proyecto Cuiaba estaba en serios problemas. Durante el año 2000, los problemas ambientales causaron demoras y costos apabullantes que requerían millones en financiamiento adicional de acuerdo a las minutas internas del directorio de Enron.

Las demoras en la aprobación de OPIC significaba que la construcción no podía empezar hasta la temporada de lluvias de Bolivia. Cuando los equipos de trabajo cruzaron luego a Brasil se encontraron con una serie de crestas sobre cuevas con murciélagos en peligro de extinción y las autoridades pidieron algunos procedimientos especiales.

Estos problemas probablemente causaron que el valor de Cuiaba declinara rápidamente de acuerdo a un informe interno producido por el directorio de Enron luego que se declararan en quiebra. Sin embargo, Enron recompró la participación de LJM1 en Cuiaba el 15 de agosto del 2000 por US$14.4 millones, una utilidad de US$2.1 millones para Fastow y sus colegas inversionistas.

Los investigadores internos de Enron concluyeron que Cuiaba y otros negocios similares "ponen en duda la legitimidad de las ventas mismas y la manera en las cuales Enron justificó las transacciones." La recompra de Cuiaba a un precio por encima de su valor dio la apariencia de que Enron siempre tuvo la intención de recomprar Cuiaba.

El fondo de conservación rápidamente tuvo problemas. A un mes del voto del directorio de OPIC, el WWF se echó para atrás, diciendo que grupos indígenas no habían sido incluidos y que Enron y Shell insistían en obtener asientos en el directorio del fondo.

El gasoducto se completó el año pasado y está transportando gas natural a la planta de energía del Brasil. La compañía continúa manejando tanto el gasoducto como la planta de energía y su participación en Cuiaba fue incluida como un ingrediente esencial en el plan de reorganización por quiebra de Enron que se hiciera público el viernes.

En Setiembre, OPIC había enviado una carta de seis páginas detallando como Enron no había logrado implementar algunas de las medidas ambientales incluidas en el trato. En Febrero, OPIC canceló el préstamo de US$200 millones a Enron antes que los fondos fueran liberados. Enron no pudo producir documentos financieros por disputas contractuales con las autoridades Brasileñas.

"Yo me siento tan frustrado como cualquiera que Enron no haya podido cumplir con ninguna de estas cosas," dijo Muñoz, quien ahora ejerce en forma privada en Arlington. "Pero OPIC no pagó un céntimo por este proyecto."

Lucy Shackelford, investigadora miembro del personal, contribuyó con este informe.